WEBINAR: Abuso policial en México

Detención ilegal, tortura y asesinato: el caso de Giovanni López y la descalificación del Estado de derecho.

FECHA DEL WEBINAR: 25 de junio de 2020

HORA DEL WEBINAR: 12:00 PM

PANELISTAS

Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)

Ana Laura Magaloni, abogada, investigadora y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Diego Petersen Farah, escritor y periodista

Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la oficina de ONU-DH en México

Lilian Chapa Koloffon, investigadora sénior en World Justice Project (WJP)

La muerte a manos policías de Itxlahuacán de los Membrillos de Giovanni López ha sacudido a un país donde las fuerzas de seguridad están en el punto de mira desde hace décadas. Este caso no es el único -ni el último- que evidencia los abusos sistemáticos de la policía en México, la detención ilegal y hasta la tortura a manos de miembros de los cuerpos de seguridad.

 

Cuando aún no se apagan los ecos de la violencia policial y el grito de en contra del racismo en Estados Unidos, México ha vivido una serie de protestas ciudadanas en contra de la actuación policial y reclamando justicia. Un concepto que, desafortunadamente, puede que nunca llegue a las familias de las víctimas.

El pobre desempeño de las agencias de investigación apunta a la falta de personal y la cantidad de asuntos que atienden los investigadores por año. En Jalisco, un agente de la Fiscalía asume de media 329 casos al año. La relación de investigadores por cada 100000 habitantes en el estado es de 4,4, la segunda más pobre del país.

La muerte de López tras la paliza policial revela también la precariedad de las corporaciones policiales en el país, incapaces de depurarse, de entrenar a sus agentes en lógicas no punitivas y de configurar fuerzas de seguridad profesionales y confiables. El caso de López ilustra perfectamente las fallas anteriores: policías que detienen a un albañil de 30 años por una falta administrativa y que recurren al castigo físico sin que al parecer les importen las consecuencias.

 

Y es que durante la contingencia sanitaria se han producido diversas denuncias que apuntan a que diferentes cuerpos policiales del país han utilizado una fuerza excesiva que victimiza y lacera a la ciudadanía, desatando una ola de protestas en las que, de nuevo, la actuación de la policía y de las propias fiscalías ha quedado en entredicho.

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) acreditó en un reciente informe que en la detención de Giovanni López existió violación de derechos humanos en la seguridad pública, presunción de inocencia y libertad personal, lo que confirma que la privación de la vida del detenido se tradujo en una ejecución extrajudicial de la policía municipal.

 

El Estado de derecho se tambalea cuando sus cuerpos de seguridad, uno de sus pilares fundamentales, es motivo de denuncia por parte de la ciudadanía. La brutalidad policial y los abusos sistemáticos de las fuerzas del orden han desencadenado en matanzas extrajudiciales como las ocurridas Tatlaya, Apatzingán o Tanhuato.

 

Según una encuesta de seguridad pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aplicada en abril de este año en 70 ciudades de los 31 estados de México y la capital, menos de la mitad de los encuestados tenían confianza en la policía local. No en vano, la probabilidad de que un delito se denuncie y esclarezca en es de apenas el 1.3%.

 

La opacidad y la impunidad completan un panorama que deja a la ciudadanía desprovista de sus derechos más elementales y con pocas opciones reales de que sus denuncias sean atendidas si no es porque estos últimos acontecimientos se han ‘viralizado’ a través redes sociales y han desatado una importante presión mediática sobre las autoridades responsables de vigilar que los cuerpos de seguridad cumplan con su función primordial: es resguardar la seguridad y la integridad de la ciudadanía

 

El Instituto Mexicano para la Justicia ha convocado a cinco expertos para conocer su punto de vista sobre lo ocurrido en Jalisco y en otros estados de la Federación para

analizar la actuación policial, las implicancias en la sociedad del abuso, la arbitrariedad policial y la violación de los derechos humanos con el objetivo de conocer cuál es la magnitud real de este problema, cuáles son sus causas y sus posibles vías de solución.

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