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El Sistema de Justicia Penal en México ante el COVID

Mtra. Gabriela González Pulido
“Nada se parece tanto a la injusticia
como la justicia tardía”.

Séneca

 

1. El Sistema de Justicia Penal en México ante la pandemia de COVID-19.1

A todos nos ha sorprendido este 2020. La Pandemia del COVID ha impactado de manera determinante y para siempre nuestras vidas. Existen aspectos que se han detectado, algunos en proceso y otros muchos todavía en el olvido o invisibles. Hemos hecho ajustes y en algunos casos nos hemos adaptado: clases virtuales, juntas en línea, llamadas con clientes, no sólo por audio sino también utilizando el video, han sido parte de estas andanzas.

El camino aún es largo por recorrer sobretodo para el acceso a la justicia en materia penal. Siendo ésta una de las especialidades del Derecho que más requiere la acción en presencia, de la humanización bajo el marco de protección a los derechos humanos; resulta ser la más vulnerable. El contacto personal de la abogacía-litigante con nuestros representados, ya sean imputados o víctimas, requiere una cercanía constante como intermediarios ante las autoridades, siendo su voz o auxiliando a que su voz se haga escuchar.

Valores de trascendencia como: la vida, la libertad y el patrimonio, entre otras, nos lleva a afirmar que las pausas no pueden existir en los procesos penales. La incertidumbre que se ha propiciado en aquellas personas que participan como partes dentro del proceso penal ha causado estragos incomprensibles para los distintos operadores de justicia e inexplicables para nuestros representados.

La paralización del sistema de justicia en nuestro país se ha presentado prácticamente en todas las materias, pero principalmente en materia penal. La irrumpe de manera abrupta con la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Ya lo decía en algún momento el Dr. Sergio García Ramírez: “el proceso penal es el principal escenario en donde se violan los derechos humanos”. La paralización del sistema de justicia debe urgentemente activarse mediante estrategias de celeridad.

 

2. El Poder Judicial en otras latitudes ante la pandemia del COVID-19

 

Europa

 

El letargo en la administración de justicia también se encuentra en los Estados más avanzados del viejo continente: los juicios han sido aplazados o suspendidos, pocos prisioneres liberados, privación de visitas o disminución de días y tiempos de visita y muchos despachos de abogados desempleados. A partir de la pandemia COVID-19, la justicia penal en Europa ha funcionado en parcialidades a una cuarta parte de su capacidad.

Inglaterra, Polonia, Alemania, entre muchos otros países, han suspendido numerosos juicios en especial los que requieren presencia de jurado, debido a las medidas de distanciamiento social2.

Francia y Bélgica han limitado su intervención examinando sólo expedientes de personas detenidas. Se dice que Portugal está proporcionando un servicio reducido, parecido al periodo vacacional trabajando con guardias y con muy pocos expedientes.
Algunos esfuerzos en Inglaterra, Gales e incluso Polonia han sido para promover preliberaciones por delitos cuyas condenas estaban a punto de terminar o de aquellos que cumplían penas por 3 años, fueron liberados. Algunos ajustes se han hecho en los centros penitenciarios, como en Austria, permitiéndoles mayor tiempo a los presos para hablar por teléfono. Si antes de la pandemia el Sistema de Justicia Penal europeo estaba a punto de colapsar, en las condiciones actuales se espera un inminente derrumbe, sin precedente alguno.

Human Rights Watch, a través de su Director General 3, José Miguel Vivanco, ha manifestado que el brote de COVID-19 “generaría un enorme problema de salud pública que afectaría no solo a los reclusos sino a la población en general”. La inminente problemática en la

saturación de los centros de reclusión preventiva, así como en los centros penitenciarios necesitan de intervención inaplazable de las autoridades de justicia.

En España, el retraso es: “sistemático y crónico en la tramitación de los procedimientos penales”4. Juzgadores han señalado la actitud indolente para instaurar un proceso gradual de regreso a las actividades jurisdiccionales, “la incerditumbre es presa de operadores y justiciables en los sistemas de justicia” advierten los titulares noticiosos.

 

América Latina

La desesperación es patente y algunos países comienzan a alzar la voz para reactivar el acceso a la justicia. En Argentina, especialistas docentes, operadores del sistema, han señalado que no se puede justificar la parálisis jurisdiccional ante las deficiencias en los insumos tecnológicos y materiales que han tenido los tribunales en un retraso de décadas.5

Otros países en Latinoamérica han realizado esfuerzos aislados para atender algunas de las figuras dentro del derecho procesal penal, tal es el caso de Perú, ante la prisión preventiva en tiempos de COVID. Esta medida debe dictarse de manera excepcional privilegiando cualquier otra medida que no restrinja de manera absoluta la libertad del imputado.

Por otro lado, podemos considerar a Panamá como un referente interesante en su forma de reaccionar ante esta pandemia. En efecto, se ha informado que en el periodo comprendido entre el 27 de abril al 1º de mayo del 2020 se han realizado, a nivel nacional, un total de 241 audiencias relacionadas con: el control de garantías, revisión de medidas cautelares, afectación de derechos y sustitución de penas de prisión, entre otras6.

 

México

El estado de Guanajuato, aprovechando los beneficios de la tecnología, el 27 de abril del presente año ha resuelto en tiempo real, un procedimiento abreviado a través de una videoconferencia dictando una sentencia condenatoria en un asunto mediáticamente relevante. La intención del Poder Judicial es continuar con estas actividades correspondientes al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Justicia para Adolescentes y Ejecución Penal.

Los estados de San Luis Potosí y Nayarit han propuesto algunas modificaciones a la normativa interna para habilitar días en específico para atender trámites relacionados con actos que afecten el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como mujeres víctimas de violencia y grupos vulnerables.

El Poder Judicial Federal y la gran mayoría de los Tribunales Locales en nuestro país han emitido acuerdos en relación con la suspensión de labores, así como de los plazos y términos procesales organizando guardias para la atención de asuntos en audiencia inicial con el detenido. Estos acuerdos se han venido actualizando únicamente en cuanto a las fechas pues sólo se autoriza la suspensión de labores y la suspensión de términos procesales a excepción de los plazos constitucionales, adoptándose las guardias correspondientes 18 de marzo al 1º de junio del 2020.

 

3. Hacia una estrategia de justicia penal acusatoria en tiempos de COVID en México

Hemos expuesto la falta de claridad y la postura diferenciada en los poderes judiciales penales a nivel mundial y nacional ante la Pandemia COVID-19. Es cierto que la suspensión de labores, los plazos y términos judiciales así como la programación de guardias en algunos órganos jurisdiccionales han sido medidas que se han implementado con la finalidad de atender la pauta general para propiciar el distanciamiento social y erradicar el contagio, también es cierto que dentro de las dependencias gubernamentales del Poder Judicial, ha surgido para proteger y salvaguardar los derechos humanos de los operadores de la administración de justicia en temas de salud.

Tanto el personal del Poder Judicial en la Ciudad de México, así como el Federal tomaron medidas como la suspensión de labores desde el pasado 18 de marzo. Ello ha significado que las audiencias innominadas, de revisión de medidas cautelares, de juicio oral, de procedimiento abreviado, entre otras, estén suspendidas sin tener una explicación para los justiciables que se encuentran privados de su libertad en prisión preventiva oficiosa o justificada, más allá que salvaguardar la salud del personal del Poder Judicial. No omitimos mencionar que también se han suspendido las actuaciones de los Juzgados de Ejecución de Sentencias y que también existe una afectación para aquellas personas que se encuentran compurgando o que están por compurgar la pena de prisión, situación que amerita otra intervención de análisis y estudio.

Ahora bien, es preciso referirnos a la Resolución No01/2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el pasado 10 de abril del 2020. Dicho instrumento hace referencia a la Pandemia y Derechos Humanos en las Américas7, que parte de la premisa ante la cual todos los Estados en “atención y contención” del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Esta tragedia mundial, que ha cambiado de manera radical la vida de la gran mayoría de las personas, impacta al Derecho Penal de manera contundente a fin de exigirle una respuesta efectiva y justa de acuerdo con la demanda de la sociedad en materia de justicia. No es el momento adecuado para ponderar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se deriva de la reforma constitucional del 2008, pero si resulta el momento oportuno para implementar de manera drástica figuras que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales prevee con el pleno ejercicio de los principios constitucionales de inmediación, publicidad, concentración, continuidad y contradicción.

La idea central para implementar estrategias que parten de la normativa constitucional, así como del CNPP deben dirigirse a la contundente reducción de relaciones y conflictos. Aquí cobra vigencia el concepto del Derecho Penal de mínima intervención a fin de que pueda traducirse en la privación de libertad por excepción y no por generalidad, propiciar la aplicación de justicia alternativa a través del procedimiento abreviado (forma de terminación anticipada) o en su caso de soluciones alternas o mecanismos alternativos de solución de controversias.

Es cierto que la pandemia COVID-19, puede afectar la vigencia de los derechos humanos de la población trabajadora en el Poder Judicial al poner en riesgo la vida o la salud, también no es menos cierto, que no se trata de un ejercicio de ponderación de derechos fundamentales que se contraponen con el derecho al acceso a la justicia, a la presunción de inocencia, a la justicia pronta e imparcial, al debido proceso que impacta de manera contundente los derechos humanos de las personas justiciables. De lo que se trata es que exista la voluntad para tomar las medidas urgentes y necesarias para dejar de violentar los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal privadas de su libertad.

Mucho se ha escrito sobre la violación a los derechos humanos de las personas imputadas, que durante la vigencia del Sistema Inquisitivo Mixto han sufrido las peores vejaciones. Por ello resulta una gran oportunidad el implementar una política criminal para dar respuesta a imputados y víctimas de manera oportuna, sin dilaciones, sin falta de explicaciones que afecta la seguridad jurídica de cualquier gobernado. Postergar la respuesta no es la opción; es profundamente preocupante el estado de indefención en el que se encuentran centenares de hombres y mujeres que cayeron en la desgracia de ser acusadas por la comisión de un hecho delictivo en tiempos del COVID-19.

La CIDH, preocupada por la pandemia que vivimos en este 2020, supone desafíos aún mayores para los Estado de las Américas8 y estas no solo se refieren a cuestiones sanitarias y económicas, sino que existe un impacto interseccional que exige una respuesta inmediata para la atención integral y es aquí donde nos referimos a la justicia penal. Cabe precisar que el tomar acciones de manera inmediata para instaurar el Sistema de Justicia Acusatorio, de ninguna forma tiene porque implicar la toma desesperada de decisones desorganizadas que carezcan de una planeación estratégica para poner en riesgo la salud de los operadores de justicia. Tan es así que ni siquiera vale la pena hacer referencia a un ejercicio de ponderación de derechos en conflicto como podría llegar a considerarse por algunos con tal de evadir el tema. Con esta contundencia no hay, ni tiene por qué haber el derecho a la salud en la procuración y administración de justicia en relación con todos los derechos inherentes a aquellas personas que se encuentran sujetas a un procedimiento penal y que han estado olvidadas por más de un mes y medio sin que exista la voluntad de aperturar el Sistema Acusatorio en México.

En estos casi dos meses de parálisis judicia penal, el rezago en la atención tanto para el Sistema Tradicional, Justicia para Adolescentes, Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Tribunales de Enjuiciamiento ha propiciado el colapso en el acceso de justicial. No puede seguir existiendo indolencia para responder ante los justiciables y sus familiares. Resulta despreciable seguir ignorando a esta población que goza del derecho a presunción de inocencia. De manera concomitante existe una falta de seguridad jurídica y abandono completo ante la incertidumbre hacia las víctimas del delito.

 

4. Comenzar con una estrategia

Resultaría muy ambicioso en este espacio presentar una estrategia a seguir para reactivar el sistema de justicia penal acusatorio tanto a nivel local como federal, sin embargo, resulta oportuno hacer una lista de temas que deben considerarse de manera inmediata para reactivar sin mayor dilación el sistema de justicia acusatorio en México.

 

  1. A partir de la infrastructura tecnológica con la que cuentan los Jueces de Control, los Tribunales de Enjuiciamiento y los Tribunales de Ejecución de Sanciones, establecer una apertura escalonada para dar acceso a todas las figuras procesales que permitan resolver de manera anticipada el conflicto penal, ya sea con un procedimiento abreviado, con audiencias de revisión de medidas cautelares, audiencias de solicitud de sobreseimiento, etc.
  2. Establecer convenios de colaboración con las Fiscalía para judicializar únicamente delitos graves o aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Las solicitudes de prisión preventiva justificada deben ser erradicadas completamente.9
  3. El teletrabajo es la opción para salvaguardar la salud de los operadores de justicia. Los principios de publicidad e inmediación se respetarán a través de la innovación en la impartición de justicia en tiempos de emergencia, que ya llega tarde para todas aquellas personas que están sujetas a procedimientos que se “encuentran congelados”.
  4. La garantía del acceso a la justicia debe actualizarse, aprovechando la coyuntura, considerándose a la justicia un servicio esencial. Para ello la justicia virtual, la recepción de promociones y los acuerdos correspondientes se pueden realizar a través de correos electrónicos, previa identificación de abogados litigantes particulares o de oficio, que a través de un registro previo electrónico puedan acceder registrando datos personales y profesionales, tal y como ya lo realiza la justicia federal para los temas de amparo.
  5. El personal de seguridad: auxiliares de sala y personal de las unidades de gestión deben contar con guardias escalonadas con un mínimo de trabajadores para poder desahogar la mayor cantidad de trabajo administrativo posible en beneficio de los justiciables. Proporcionarles los elementos de calidad como son: guantes, cubreboca, micas protectoras de la cara, sanitizantes, etc., a fin de contar con la mayor cantidad de elementos físicos para salvaguardar la salud.
  6. Existen modelos instaurados o por instaurarse que responden a la altura de las circunstancias a fin de evitar graves e irremediables violaciones a los derechos humanos como son en el Poder Judicial de Guanajuato y la innovadora estrategia del Poder Judicial para el Estado de México.

 

 

Sirva este llamado urgente y desesperado de atención al Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales de los estados para implementar de manera inmediata la justicia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Mexicano en tiempos de COVID-19 en beneficio de los justiciables y en recuperación hacia una sociedad democrática que reclama justicia pronta.

 

 


 

1 El 24 de marzo de 2020 es detenido un joven de 19 años al ser señalado por unos policías de haberse robado tres latas de leche para recién nacido en un supermercado. Fue vinculado y se le dictó prisión preventiva oficiosa. Nada se ha hecho desde que ingresó al Reclusorio Norte, nadie le escucha, nadie le atiende. Es una víctima más, que, de manera colateral, sufre del virus COVID-19 en este país.

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7 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020. CIDH. Organización de Estados Americanos, Comisión de Estados Americanos

8 CIDH pag 3

9 Consideramos que tanto el listado de delitos que ameritan prisión preventiva según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta una violación a los derechos humanos al aplicarse oficiosamente; más aún cuando se deja inexistente la posibilidad de revisar la medida cautelar más invasiva ante la falta de operación de los tribunales penales federales y locales.